Hoy se ha publicado en el BOE la LO 13\/2015 con el objetivo como indica su propio pre\u00e1mbulo de fortalecer los derechos procesales de conformidad con la exigencias del Derecho de la Uni\u00f3n Europea y la regulaci\u00f3n de las medidas de investigaci\u00f3n tecnol\u00f3gica en el \u00e1mbito de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protecci\u00f3n de datos personales garantizados por la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Especial menci\u00f3n requiere la cuesti\u00f3n relativa al reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado, que podr\u00e1 ser limitada cuando concurran determinadas circunstancias, como la presencia de indicios objetivos de la participaci\u00f3n del abogado en el hecho delictivo investigado.<\/p>\n
Como menciona el pre\u00e1mbulo de la disposici\u00f3n hoy nos enfrentamos a renovadas formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnolog\u00edas. Los flujos de informaci\u00f3n generados por los sistemas de comunicaci\u00f3n telem\u00e1tica advierten de las posibilidades que se hallan al alcance del delincuente, pero tambi\u00e9n proporcionan poderosas herramientas de investigaci\u00f3n a los poderes p\u00fablicos. Surge as\u00ed la necesidad de encontrar un delicado equilibrio entre la capacidad del Estado\u00a0 y el espacio de exclusi\u00f3n que nuestro sistema constitucional garantiza a cada ciudadano frente a terceros.<\/p>\n
El abandono a la creaci\u00f3n jurisprudencial de lo que ha de ser objeto de regulaci\u00f3n legislativa ha propiciado un d\u00e9ficit en el sistema procesal. Recientemente, el Tribunal Constitucional\u00a0 apunto el car\u00e1cter inaplazable de una regulaci\u00f3n que abordara las intromisiones en la privacidad del investigado en un proceso penal.<\/p>\n
La detenci\u00f3n y apertura de la correspondencia escrita y telegr\u00e1fica se actualiza en un nuevo art\u00edculo\u00a0579, donde se acota su \u00e1mbito material de aplicaci\u00f3n, al tiempo que se regulan los plazos m\u00e1ximos de duraci\u00f3n y las excepciones a la necesidad de autorizaci\u00f3n judicial de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial. Se introduce un nuevo art\u00edculo\u00a0579 bis relativo a la utilizaci\u00f3n del resultado de esta diligencia en otro proceso penal distinto, en particular en cuanto al tratamiento de los denominados \u00abhallazgos casuales\u00bb y a la continuaci\u00f3n de la medida, en aquel otro proceso, para lo que se requerir\u00e1 un nuevo auto judicial que convalide esta situaci\u00f3n. Esta previsi\u00f3n servir\u00e1 de pauta para el resto de medidas de investigaci\u00f3n tecnol\u00f3gica.<\/p>\n
Las dem\u00e1s medidas de investigaci\u00f3n tecnol\u00f3gica son objeto de atenci\u00f3n en los Cap\u00edtulos V a VII del T\u00edtulo VIII del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a todas ellas resultan de aplicaci\u00f3n las disposiciones comunes introducidas en el Cap\u00edtulo IV.<\/p>\n
El\u00a0 nuevo texto autoriza la intervenci\u00f3n y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a trav\u00e9s del tel\u00e9fono o de cualquier otro medio o sistema de comunicaci\u00f3n telem\u00e1tica, l\u00f3gica o virtual. Pero somete la interceptaci\u00f3n de todas ellas\u00a0 a los principios generales que el texto proclama. Con lo que se pretende que sea el propio juez, ponderando la gravedad del hecho que est\u00e1 siendo objeto de investigaci\u00f3n, el que determine el alcance de la injerencia del Estado en las comunicaciones particulares.<\/p>\n
Adem\u00e1s se establece un plazo de tres meses como duraci\u00f3n m\u00e1xima inicial de la intervenci\u00f3n, plazo que es susceptible de ampliaci\u00f3n y pr\u00f3rroga, previa petici\u00f3n razonada por per\u00edodos sucesivos de igual duraci\u00f3n, hasta un m\u00e1ximo temporal de dieciocho meses, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella.<\/p>\n
Con el fin de asegurar la autenticidad e integridad de los soportes puestos a disposici\u00f3n del juez, se impone la utilizaci\u00f3n de un sistema de sellado o firma electr\u00f3nica que garantice la informaci\u00f3n volcada desde el sistema central. Esta medida es paralela a la exigida en otros \u00f3rdenes jurisdiccionales para la plena validez de los documentos aportados al proceso en formato electr\u00f3nico.<\/p>\n
Se completa la regulaci\u00f3n con un precepto destinado a fijar los t\u00e9rminos del borrado y eliminaci\u00f3n de las grabaciones originales, una vez se ponga t\u00e9rmino al procedimiento.<\/p>\n
La reforma aborda tambi\u00e9n la regulaci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n de dispositivos t\u00e9cnicos de seguimiento y localizaci\u00f3n. La incidencia que en la intimidad de cualquier persona puede tener el conocimiento por los poderes p\u00fablicos de su ubicaci\u00f3n espacial, hace que la autorizaci\u00f3n para su pr\u00e1ctica se atribuya al juez de instrucci\u00f3n. En el mismo cap\u00edtulo se habilita la grabaci\u00f3n de la imagen en espacio p\u00fablico sin necesidad de autorizaci\u00f3n judicial, en la medida en que no se produce afectaci\u00f3n a ninguno de los derechos fundamentales del art\u00edculo\u00a018 de nuestro texto constitucional.<\/p>\n
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Se completa la regulaci\u00f3n con un precepto destinado a fijar los t\u00e9rminos del borrado y eliminaci\u00f3n de las grabaciones originales, una vez se ponga t\u00e9rmino al procedimiento. Se pretende con ello evitar toda difusi\u00f3n de un material que, por su propio contenido, podr\u00eda da\u00f1ar de forma irreparable la intimidad del afectado.<\/p>\n
Finalmente y por lo que se refiere a las diligencias de investigaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, la reforma contempla como medida de aseguramiento la orden de conservaci\u00f3n de datos. De este modo su posterior aportaci\u00f3n como medio de prueba o, en su caso, su an\u00e1lisis forense no se ver\u00e1 frustrado por la desaparici\u00f3n, alteraci\u00f3n o deterioro de unos elementos inherentemente vol\u00e1tiles.<\/p>\n
Las normas previstas en esta ley ser\u00e1n aplicables a todos los procedimientos penales que se incoen con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante se dispone que tales garant\u00edas presidan tambi\u00e9n las diligencias policiales y fiscales, resoluciones y actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en vigor. Lo que no supondr\u00e1 en\u00a0 modo alguno s que se pueda cuestionar la validez de las resoluciones adoptadas o actuaciones practicadas con anterioridad y conforme a la legalidad entonces vigente.<\/p>\n
La presente ley entrar\u00e1 en vigor a los dos meses de su publicaci\u00f3n en el BOE, con excepci\u00f3n de los apartados uno, tres, cuatro, cinco y seis del art\u00edculo \u00fanico que lo har\u00e1n el\u00a01 de noviembre de\u00a02015.<\/p>\n