El tri\u00e1ngulo de responsabilidad penal en la persona jur\u00eddica<\/p>\n
<\/p>\n
1. Obligatoriedad de los programas de Compliance Penal<\/strong> Este art\u00edculo se consideraba por aquel entonces de efectos devastadores ya que, partiendo del deber de garante del representante o administrador societario, se le castigaba como sujeto activo por un delito de omisi\u00f3n respecto a las medidas de vigilancia y control exigibles para evitar la comisi\u00f3n de determinados delitos en la empresa. 5.<\/strong> Ep\u00edlogo<\/strong> Autor: Jos\u00e9 Luis Colom Planas<\/strong> El tri\u00e1ngulo de responsabilidad penal en la persona jur\u00eddica 1. Obligatoriedad de los programas de Compliance Penal He tenido…<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":6098,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[125],"tags":[],"class_list":["post-6097","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\nHe tenido ocasi\u00f3n de leer titulares de art\u00edculos donde se se\u00f1ala la obligaci\u00f3n de implantar un programa de prevenci\u00f3n de delitos en las empresas. Nada m\u00e1s lejos de la realidad.
\nOtro si es que su implantaci\u00f3n, habitualmente en forma de Sistema de Gesti\u00f3n del Cumplimiento Penal (SGCP), sea, en la coyuntura actual de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, muy recomendable y casi imprescindible, como veremos m\u00e1s adelante.
\nLa confusi\u00f3n surge del entonces proyecto de Ley Org\u00e1nica por la que se modificaba la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal, de fecha 4 de octubre de 2013, [2] en el que, los que por aquel entonces ya nos dedic\u00e1bamos a Compliance Penal recordaremos que se propon\u00eda introducir un nuevo art\u00edculo 286 seis CP que penaba directamente al representante legal o administrador de cualquier sociedad, con el siguiente redactado:
\n\u201c1. Ser\u00e1 castigado con pena de prisi\u00f3n de tres meses a un a\u00f1o o multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitaci\u00f3n especial para el ejercicio de la industria o comercio por tiempo de seis meses a dos a\u00f1os en todo caso, el representante legal o administrador de hecho o de derecho de cualquier persona jur\u00eddica o empresa, organizaci\u00f3n o entidad que carezca de personalidad jur\u00eddica, que omita la adopci\u00f3n de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles para evitar la infracci\u00f3n de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito, cuando se d\u00e9 inicio a la ejecuci\u00f3n de una de esas conductas il\u00edcitas que habr\u00eda sido evitada o, al menos, seriamente dificultada, si se hubiera empleado la diligencia debida (\u2026)\u201d.<\/p>\n
\nDicho art\u00edculo 286 seis CP se cay\u00f3 del texto definitivo y, en consecuencia, ya no consta en la vigente Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal.
\nNo obstante, se ver\u00e1 m\u00e1s adelante en este art\u00edculo que el C\u00f3digo Penal en vigor dispone de mecanismos para suplir la ausencia del referido art\u00edculo 286 seis CP.
\n2. Transferencia de responsabilidad de la PF a la PJ<\/strong>
\nUn segundo error que suelo apreciar es que todav\u00eda hay quien considera que el modelo espa\u00f1ol de transferencia de Responsabilidad Penal de la Persona Jur\u00eddica (RPPJ) le transfiere la culpa del acto delictivo cometido por la PF a la PJ, cuando lo \u00fanico que se transfiere es la responsabilidad penal del mismo y, en consecuencia, con penas graves, pero distintas. De ah\u00ed que pueda haber exenci\u00f3n de esa responsabilidad transferida a la PJ si en base a la debida diligencia se ha implantado un modelo de prevenci\u00f3n penal.
\nPodemos afirmar que si por ejemplo una PF sometida al control de la PJ comete en provecho de la sociedad y durante las actividades societarias uno de los delitos catalogado como susceptible de acarrear RPPJ, ser\u00e1 tambi\u00e9n la PJ penalmente responsable y castigada con las penas que en el CP se determinen, a no ser que la PJ disponga implantado un modelo eficaz de prevenci\u00f3n de delitos, como dice la Circular 1\/2016 de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE), arraigado en la cultura de la organizaci\u00f3n.
\nEn el caso de la PJ las penas pueden oscilar desde una sanci\u00f3n econ\u00f3mica, pasando por clausura de locales o intervenci\u00f3n judicial, hasta la disoluci\u00f3n de la organizaci\u00f3n.
\n3<\/strong>. Transferencia de responsabilidad de la PJ al administrador<\/strong>
\nEn relaci\u00f3n a la RPPJ se habla mucho del art\u00edculo 31 bis CP y concordantes, pero el gran olvidado es el art\u00edculo 31 CP, que adem\u00e1s permanece casi invariable desde que entr\u00f3 en vigor el 23 de noviembre de 1995 el C\u00f3digo Penal que, con sucesivas reformas en 2010 y 2015, ha llegado a nuestros d\u00edas.
\nDicho art\u00edculo 31 CP dispone: \u201cEl que act\u00fae como administrador de hecho o de derecho de una persona jur\u00eddica, o en nombre o representaci\u00f3n legal o voluntaria de otro, responder\u00e1 personalmente, aunque no concurran en \u00e9l las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se den en la entidad o persona en cuyo nombre o representaci\u00f3n obre\u201d.
\nLo que se\u00f1ala este art\u00edculo es la transferencia de responsabilidad desde la entidad o persona jur\u00eddica que representa, hacia el administrador, por el mero hecho de serlo. [3]
\n4<\/strong>. El tri\u00e1ngulo de responsabilidad penal en la persona jur\u00eddica<\/strong>
\nLa relaci\u00f3n matem\u00e1tica transitiva implica que cuando un elemento se relaciona con otro, y \u00e9ste con un tercero, entonces el primero se relaciona con el tercero.
\nSi este simple razonamiento lo aplicamos a las transferencias de responsabilidad tratadas en los apartados anteriores, obtenemos el que se me ha dado por llamar tri\u00e1ngulo de responsabilidad penal en la PJ, que a continuaci\u00f3n se representa gr\u00e1ficamente:<\/p>\n
\nEl resultado del tri\u00e1ngulo de responsabilidad penal en la PJ provoca un efecto an\u00e1logo, aunque indirecto, al que se pretend\u00eda con el desaparecido art\u00edculo 286 seis del proyecto de reforma del C\u00f3digo Penal de 2013.
\nSi una PF comete un delito en la organizaci\u00f3n que ocasione RPPJ, si se acredita la inexistencia de un modelo de prevenci\u00f3n penal, la PJ ser\u00e1 penalmente responsable por lo dispuesto en el art. 31 bis CP y, en consecuencia, tambi\u00e9n lo ser\u00e1 el administrador por lo dispuesto en el art. 31.
\nEsto explica mi afirmaci\u00f3n inicial de que la implantaci\u00f3n en las empresas de un modelo de prevenci\u00f3n de delitos penales en base a un Sistema de Gesti\u00f3n de Compliance Penal, pese a no ser obligatorio en base a normativa jur\u00eddica, si que es muy recomendable, casi imprescindible.<\/p>\n
\nart\u00edculo publicado en la web:
\nhttp:\/\/www.aspectosprofesionales.info\/2016\/09\/el-triangulo-de-responsabilidad-penal.html?m=1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"