«Las principales conclusiones del último informe publicado por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre el comercio mundial de productos falsificados y pirateados reflejan una situación preocupante.
Se estima que el comercio mundial de falsificaciones asciende a 460.000 millones de euros, suponiendo una amenaza global no sólo para la economía, sino también para la innovación, la salud y seguridad individuales y colectivas, perjudicando el acceso a los consumidores a nuevos productos con la consiguiente pérdida de derechos».
Así comienza la nueva tribuna de opinión que nuestra compañera Eva Aparicio, Business Development Manager de Grupo Paradell, consultora especializada en riesgo digital y corporativo, publica en el medio 20 minutos.
A continuación, reproducimos su contenido:
Peligro para la salud pública y para los ingresos fiscales
«Adquirir productos falsificados plantea graves problemas para todos los sectores de la sociedad: pone en peligro la salud pública, priva al sector público de ingresos fiscales, hace aumentar el gasto público, puesto que han de asignarse más recursos a la labor de aplicación de la ley. Y, además, hace que aumente el precio de los productos legítimos puesto que las empresas intentan compensar las pérdidas ocasionadas.
El aumento de productos falsificados a nivel global es claramente alarmante y requiere de acciones de forma coordinada tanto a nivel mundial como local en los diferentes territorios.
El caso de España
Centrándonos en España, según la EUIPO, la pérdida de ventas por el coste de las falsificaciones principalmente en el sector de los cosméticos y el cuidado personal, el sector del vino y las bebidas espirituosas, el sector farmacéutico y el sector de los juguetes y los juegos alcanza un valor de 2.200 millones de euros, y se sitúa por encima de la media europea en dos puntos, alcanzando el 9% del total.
Además, según el último ‘Barómetro de la Propiedad Intelectual entre los Jóvenes’, elaborado también por la EUIPO, la mitad de los españoles de entre 15 y 24 años ha comprado de forma deliberada una falsificación en el último año, por encima de la media europea, que se sitúa en el 37% de los jóvenes, siendo éste el porcentaje más alto registrado desde que comenzó a realizarse este barómetro en nuestro país.
La menor concienciación de la población en general sobre la importancia de los delitos contra la propiedad industrial, unida a la falta de juzgados especializados en la materia y a la necesidad de contar con unos procedimientos de protección más agiles y eficaces son algunos de los factores desencadenantes de este aumento de cifras en nuestro país.
Ropa, calzado, dispositivos electrónicos…
En el caso de las nuevas generaciones, este incremento se ha visto agravado debido al aumento exponencial del comercio “online”. Ropa y accesorios (17%), calzado (14%), dispositivos electrónicos (13%) y los productos de higiene (12%) son los productos falsificados que más se consumen tanto en España como en otros países europeos. Entre los motivos que llevan a los consumidores a optar por falsificaciones, se tiene en cuenta principalmente el precio, pero también el entorno cercano y la sociedad.
La lucha contra el fenómeno de las falsificaciones compete tanto a entidades públicas como privadas. En España corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) promover iniciativas y desarrollar actividades tendentes a mejorar el conocimiento y fomentar la más adecuada protección de la propiedad industrial entre las que están la realización y difusión de campañas de sensibilización y formación.
Las empresas más afectadas por la falsificación de su marca son aquellas que más invierten en el diseño, la innovación y el desarrollo de sus productos y, gracias a ello, han conseguido ser reconocidas por el valor de su marca.
Importantes pérdidas económicas y de reputación
Los perjuicios de las falsificaciones sobre estas marcas legítimas son muchos y suponen también riesgos importantes como la pérdida de reputación, caída de ventas de la marca auténtica o la decepción de los clientes engañados.
Por todo ello, es de vital importancia la inversión en acciones de protección de la marca dentro las organizaciones, siendo el primer paso el registro de la misma, protegiendo así los derechos de propiedad intelectual, que otorgan al titular de la marca el derecho exclusivo a utilizar ese signo distintivo, impidiendo que terceros lo puedan usar y creando una primera barrera frente a las falsificaciones y fraudes.
Estamos observando una mayor sensibilización y concienciación de los titulares de las marcas acerca de los perjuicios que les está causando las falsificaciones y como consecuencia de ello se están implementando nuevas estrategias para luchar contra los infractores tanto en el mundo online, como offline.
Así, recomendamos potenciar estas herramientas de lucha contra el fraude con el uso de plataformas y soluciones tecnológicas para recuperar ingresos digitales que detectan y eliminan las infracciones de propiedad intelectual. También, con la contratación de servicios de investigación que aporten pruebas que permitan defender ante los Tribunales de Justicia con mayores garantías los intereses de las marcas infringidas, con la ventaja añadida de que estos costes en investigación se incluyen entre los gastos que forman parte de la indemnización a la que estarían obligados a responder los infractores por los daños y perjuicios causados a los titulares de las marcas.
Es muy habitual que dentro de estos gastos de investigación se incluyan los gastos de detectives, los gastos por las posibles compras realizadas, los que origine el levantamiento de actas notariales, etc. En definitiva, todos aquellos gastos que haya sido necesario realizar para poder demostrar de manera fehaciente la violación del derecho de marca».
Si lo desea, puede consultar este contenido en 20 minutos.