Como señala El País, «cuando algo huele mal, la investigación puede ser dirigida por los departamentos internos de la compañía o encargarse a expertos externos». El primer caso suele ser el de empresas que cuentan con un modelo de cumplimiento (compliance) para prevenir riesgos normativos y reputacionales.
En este sentido, una investigación interna puede precisar, además de un perito, de un detective. Esta última es una profesión reglada que requiere tener un título y estar inscrito en el Registro Nacional de Seguridad Privada, como recuerda nuestro compañero Fernando Dombriz, managing director de Grupo Paradell, en declaraciones al citado medio. “Los detectives tienen que estar en posesión de las correspondientes tarjetas de identidad profesional”, recalca.
Las empresas, apunta Dombriz, pueden contratarlos para contrastar información de un posible fichaje a través de una “investigación preventiva”. En ellas, los detectives recogen y verifican “información estratégica” sobre la vida laboral y personal del candidato para obtener “el mayor número de indicadores de credibilidad en el proceso de contratación”. Es decir, hacer pasar al aspirante por una especie de máquina de la verdad para prevenir riesgos sin pasar líneas rojas. El informe puede incluir cómo fueron las salidas de anteriores empresas o su reputación en la Red, pero no diseccionar su vida íntima. En países anglosajones, cuenta Dombriz, es habitual hacer partícipe del proceso al seleccionado.
No obstante, como señalan los expertos, hay que tener en cuenta que la investigación interna debe ser confidencial para asegurar los resultados y respetar los derechos de la persona examinada.
Si lo desea, puede consultar el contenido íntegro en El País.