EL FRAUDE AL SECTOR SEGUROS CONTINÚA AL ALZA

Según Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), los casos de fraude detectados en el año 2016 aumentaron en torno a un 8,0% con respecto al año 2015, pasando de 167.351 casos en 2015 a 180.754 casos en 2016.

Estos datos indican que, a pesar de la mejoría económica que experimenta nuestro país según los indicadores macroeconómicos, no toda la sociedad española la experimenta por igual, ya que los casos de fraude detectados por las Compañías de Seguros continúan al alza. Leer mas

NUEVAS TENDENCIAS EN CONTROLLING

Como consecuencia de la globalización y para llevar a cabo una cuidadosa gestión, se necesita gestionar una cada vez más voluminosa cantidad de información, y todo ello, precisamente en una época en la que los recursos no son lo que podríamos decir abundantes.

En este entorno, conocer las necesidades reales de tus clientes y destinar los recursos en donde estos generen realmente valor puede resultar básico para sobrevivir. El papel del controller y la información que este genera, el reporting, juegan por lo tanto cada vez más, un papel estratégico en cualquier organización.

El presente monográfico, en el que ha participado, entre otros, Albert Salvador (Director del Área de Compliance en Grupo Paradell y socio Director de GP Compliance) se centra precisamente en analizar cuáles son las últimas novedades en controlling y reporting financiero y en introducir conceptos tan de moda, y a la vez tan desconocidos por los financieros, como la gestión del talento en las organizaciones, la relación del controller con el Big Data, el reporting y la transparencia en temas de sosteniblidad y responsabilidad social o cómo optimizar la presentación de informes financieros para facilitar al máximo el análisis de la información.

Leer más:  http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-nuevas-tendencias-controlling-p-144.html?language=es

 

Si deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:  info@gp-compliance.com

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE EN LAS ORGANIZACIONES

¿Qué es el fraude?

Según la ACFE (Association of Cestified Fraud Examiners), fraude es cualquier actividad o acción con el propósito de enriquecimiento personal a través del uso inapropiado de recursos o activos de una organización por parte de una persona.

Según AICPA (American Institud of Certified Public Accountants), fraude es el uso de acciones que buscan presentar ante los inversionistas, analistas y/o mercado una situación no realista de la Compañía con el fin de cumplir con las expectativas de alguno o algunos de los grupos de interés

Según IIA (The Institute of Internal Auditors), fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, vadosportel ocultamiento o la violación de la confianza.

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Sentencia del TSJ de Madrid. El Tribunal declara el despido del trabajador como procedente, tras una denuncia recibida en el Canal de Denuncias confidencial de la entidad bancaria y realizar una posterior auditoria interna.

TSJ Madrid Sala de lo Social, sec. 2ª, S 11-10-2016, nº 845/2016, rec. 389/2016

El trabajador prestaba servicios para la entidad bancaria como director de oficina desde el año 1993. Tras su despido presentó demanda ante el Juzgado de lo Social. La citada demanda fue desestimada, considerando el despido como procedente.

La empresa demandada había notificado al actor la carta de despido. En dicha carta se imputaba sustancialmente al actor que había incumplido la normativa interna de la Entidad al haber tramitado irregularmente operaciones de riesgo habiendo formalizado al menos 7 de ellas, presentadas por diversos intermediarios financieros al margen de los circuitos y procedimientos establecidos en la Entidad, siendo además tres de tales operaciones préstamos pre-concedidos por la Entidad habiendo generado con ello un perjuicio al cliente y a la imagen del Banco. Se señala por la empresa como fecha de inicio de las averiguaciones realizadas una denuncia a través del canal de denuncias de la oficina de fecha octubre del 2014, que motivó que tuviera que realizarse una auditoría interna.

El Código de conducta de la Entidad demandada se aportó, constando igualmente la existencia en la demandada de un canal confidencial de denuncias aprobado en agosto del 2013 sobre posibles irregularidades financieras y contables de potencial trascendencia, así como otras conductas que constituyan incumplimientos del código ético y de conducta que se adviertan en el seno de cualquier sociedad del grupo bancario.

A través del referido canal confidencial de denuncias, se recibe una denuncia reflejando un hecho que considera no respeta el código ético y que se ha producido en una determinada oficina, y además se especifican en la misma hechos concretos

Se señala en el texto de la sentencia que la conducta del actor supondría en todo caso una serie de incumplimientos contractuales de entidad suficiente como para justificar el despido disciplinario, tal como lo entendió la sentencia de instancia, que viene a poner de relieve que las operaciones irregulares que se concretan en la carta de despido se acreditan por el informe de auditoría, la denuncia formulada y las declaraciones testifícales practicadas.

El actor entre otras cuestiones sostiene en el primer motivo de su recurso que no se trata de una falta continuada ni tampoco de hechos ocultos para la entidad, por lo que deberían declararse prescritas todas las faltas imputadas, lo cierto es que no cabe apreciar la prescripción denunciada, ya que, según se pone de relieve en la sentencia de instancia se trataba de hechos ocultos para la entidad (haciéndose referencia en la carta de despido además a la fecha de inicio de las averiguaciones, lo cual supondría aludir a que eran hechos ocultos), de modo que sólo cuando se formula una denuncia a través del canal confidencial de la oficina, realizándose a continuación una investigación al respecto acuerdada por el comité de ética, puede la empresa adquirir un conocimiento cabal, pleno y exacto de los hechos.

El fallo del TSJ de Madrid desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, confirmando la procedencia del despido.

Postura de la fiscalía sobre el régimen de exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de los modelos de organización y gestión

 

Criterios para valorar la eficacia de los modelos de organización y gestión:

  • Ha de evitarse que la mera adopción del modelo de cumplimiento constituya un salvoconducto para la impunidad de la persona jurídica.
  • Los modelos de organización y gestión no solo tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética empresarial. (ejemplo: cumplimiento legalidad en materia de blanqueo o protección de datos)
  • Cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección de la compañía. La responsabilidad de la sociedad no puede ser la misma si el delito lo comete uno de sus administradores o un alto directivo que si lo comete un empleado. El primer supuesto revela un menor compromiso ético de la sociedad y pone en entredicho la seriedad del programa. Los Fiscales presumirán que el programa no es eficaz si un alto responsable de la compañía participo, consintió o toleró el delito.
  • La responsabilidad corporativa no debe valorarse igual en los supuestos en que la conducta criminal redunda principalmente en beneficio de la Sociedad que en aquellos otros en que dicho beneficio resulta secundario o meramente tangencial al perseguido por el delincuente. En casos de beneficio indirecto, la mayor vía de selección es la adecuada selección de directivas y empleados.
  • La detección de delitos forma parte junto con la prevención del contenido esencial de los modelos de organización y gestión. Los Fiscales concederán especial valor al descubrimiento de los delitos por la propia corporación de tal manera que, detectada la conducta delictiva por la persona jurídica y puesta en conocimiento de la autoridad, deberán solicitar la exención de pena de la persona jurídica, al evidenciarse no solo la eficacia del modelo sino su consonancia con una cultura de cumplimiento normativo.
  • La comisión de un delito no invalida automáticamente el modelo de prevención. Circunstancias que serán tenidas en cuenta para valorar la eficacia del modelo : a) gravedad de la conducta delictiva, b) extensión de la conducta delictiva en la corporación, c) número de empleados implicados, d) baja intensidad del fraude empleado para eludir el modelo, e) frecuencia y duración de la actividad criminal.
  • El comportamiento de la corporación en relación con anteriores conductas es relevante para deducir la voluntad de cumplimiento de la persona jurídica y en qué medida el delito representa un acontecimiento puntual y ajeno a su cultura ética. La firmeza en la respuesta ante vulneraciones precedentes transmite a los empleados un mensaje claro de intolerancia ante conductas no éticas. En cambio, por ejemplo, el mantenimiento en el cargo de un administrador o directivo que ha sido sometido a un procedimiento penal en el que la comisión del delito ha quedado acreditada, desdibuja un pretendido compromiso ético. Deberá valorarse por los Fiscales la existencia de anteriores procedimientos penales o en trámite, aunque se refieran a conductas delictivas diferentes a la investigada. También habrá de tenerse en cuenta si la corporación ha sido sancionada en vía administrativa por ilícitos administrativos que protegen las mismas realidades que los delitos susceptibles de generar responsabilidad penal para las persones jurídicas.
  • Las actuaciones llevadas a cabo por la persona jurídica tras la comisión del delito han de ser igualmente evaluadas. La adopción de medidas disciplinarias contra los autores o la inmediata revisión del programa para detectar sus posibles debilidades, introduciendo en su caso las necesarias modificaciones, son muestra del compromiso de los dirigentes de la corporación con el programa de cumplimiento.
  • La restitución, la reparación inmediata del daño, la colaboración activa con la investigación o la aportación al procedimiento de una investigación interna, sin perjuicio de su consideración como atenuantes, revelan indiciariamente el nivel de compromiso ético de la sociedad y pueden permitir llegar a la exención de la pena. Operarán en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la actitud obstructiva o no colaboradora con la justicia.

Grupo Paradell es una Consultoría de Riesgos e Inteligencia Corporativa especializada en ofrecer sus servicios profesionales tanto en grandes corporaciones como en PYMES.

Somos expertos en la gestión del fraude y la prevención de delitos. Una correcta gestión integral del mismo nos permitirá prevenir, detectar y dar respuesta a los fraudes y conductas impropias dentro de las organizaciones, instaurando un ambiente de control dentro las mismas. 

La corrupción en el deporte y los programas de compliance

Autora: Alba Lema (Directora de GP Compliance en Galicia)

 

En el día de ayer podíamos leer en cualquier periódico de tirada nacional el supuesto amaño del partido Barcelona B – Eldense, correspondiente a la segunda división B, por parte de los jugadores de esta última entidad. Ha sido precisamente un jugador del Club Deportivo Eldense, Cheikh Saad, quien acusó a cuatro de sus compañeros de amañar el partido, al tiempo que denunció su ausencia en el once titular por negarse a participar en el engaño.

El motivo del amaño parece estar en las apuestas deportivas del mercado asiático a través de Internet ya que, con este resultado, una persona que hubiese apostado unos 1000€ se embolsaba una cantidad superior a los 400.000€.

Así las cosas cabría preguntarse qué consecuencias tendría, de confirmarse el amaño, esta acción de los jugadores desde una perspectiva estrictamente penal. En primer lugar, debemos señalar que el delito de corrupción deportiva se encuentra expresamente regulado en el art. 286 bis del CP que, en su apartado 4, dispone:

 

“Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”.

 

La locución “lo dispuesto en este artículo” hace referencia a las eventuales sanciones que se podrían imponer en el supuesto de corrupción deportiva a los responsables de las mismas; a saber: pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio (en este caso, para el ejercicio de la actividad deportiva), por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Este tipo de sanciones, como es obvio, son aplicables únicamente a las personas físicas (ya sean los futbolistas, el entrenador, directivos o cualquier otro empleado o colaborador del club), mientras para el club las sanciones establecidas a tal efecto, serían las del art. 33.7 del CP aplicables a las personas jurídicas: multas por cuotas o proporcional, suspensión temporal de actividades, clausura de locales o establecimientos, prohibición total o definitiva de desarrollar la actividad, entre otras.

Llegados a este punto, cabría preguntarse si para el club deportivo las consecuencias serían las mismas en el caso de disponer de un eficaz programa de compliance.

Con carácter previo debemos señalar que el Club Deportivo Eldense no está obligado a disponer de un programa de cumplimiento normativo, ya que pertenece a la segunda división B y esta obligación únicamente incumbe a equipos de LA LIGA (primera y segunda división A). En efecto, como ya señalamos en otro de nuestros artículos, una de las excepciones al principio de NO obligatoriedad de los programas de compliance, la encontramos en el art: 55 de los Estatutos Sociales de la  Liga Nacional de Futbol profesional en virtud del cual:

 

  • “Son requisitos para la afiliación a la liga,
  • (…)
  • Adoptar y ejecutar con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir significativamente el riesgo de su comisión

 

Pues bien, generalmente, los clubs obligados a implementar estos modelos de organización y gestión, disponen de códigos éticos que contienen disposiciones expresas relativas al amaño de partidos e incluso, algunos van más allá, y reflejan el asunto de las apuestas deportivas. Así por ejemplo, el Código ético del F.C. Barcelona dedica un apartado completo a la prevención del fraude deportivo abordando aspectos tales como sobornos de profesionales y organizaciones deportivas, manipulación de competiciones deportivas y apuestas deportivas. Por su parte, la sociedad deportiva EIBAR aprobó un Código ético en el que bajo la rúbrica “Tolerancia 0 con cualquier modalidad corrupción” rechaza cualquier modalidad de corrupción,

 

“incluyendo en este concepto aquellas conductas destinadas a manipular el resultado de la competición, a realizar apuestas ilegales, sobornos, cohecho o incurrir en conflictos de intereses”.

A continuación, el propio código establece un protocolo en el que se detallan las medidas y mecanismos necesarios a adoptar por parte del club, para prevenir este tipo de conductas.

En el caso que nos ocupa, el club Eldense no parece disponer de los modelos de organización y gestión exigidos por la LIGA para categorías superiores. Ahora bien, la postura de los directivos con respecto a este tipo de amaños parece ser bastante firme al respecto. En efecto, tras tener conocimiento de los hechos, la junta gestora del club deportivo denunció los hechos con carácter inmediato a la policía, rescindió su contrato de colaboración suscrito con un grupo inversor italiano, solicitó al ayuntamiento de Elda (propietario de las instalaciones deportivas) que impidiese el acceso a las mismas a los miembros del grupo inversor italiano, a los futbolistas y al cuerpo técnico y, finalmente, suspendió de manera cautelar la actividad deportiva del primer equipo. Esta conducta dista mucho de la adoptada por los responsables del club en otros casos notorios de amaño de partidos (e.g.: amaño del levante-Zaragoza temporada 2010/11) [1].

Si trasladamos las consideraciones realizadas hasta este momento a la pregunta planteada, si el club afectado hubiese tenido un plan de cumplimiento eficazmente implantado en la organización con anterioridad al amaño, creo firmemente que esta podría llegar a eximirse de responsabilidad penal tal y como se recoge en la normativa penal de referencia (art. 31 bis 2 CP).

En este sentido, y esto es una opinión meramente personal, los responsables de un club no pueden tener controlados todos y cada uno de los movimientos de sus jugadores. Si un jugador se reúne con un tercero en un lugar “secreto” para amañar un partido y recibe a cambio un sobre con una determinada cantidad de dinero, resultaría extremadamente complicado detectar esa conducta. No obstante, sí sería fácil acreditar la adhesión del jugador al código de conducta del club, la aceptación del mismo, el conocimiento de las consecuencias que comportaría esta conducta impropia y las actividades de formación y sensibilización de jugadores realizada por la entidad. De este modo, la responsabilidad podría recaer únicamente en el/los jugador/es que intervinieron en el amaño o, en el caso de recaer alguna responsabilidad sobre la entidad deportiva, la sanción habría sido –sin duda alguna– notablemente atenuada.

Asimismo, la existencia de un canal de denuncias  adecuado (que garantizase la confidencialidad y falta de represalias del denunciante), habría permitido a los jugadores que rechazaron el amaño denunciar esta conducta con anterioridad al partido y, por ende, quizás se habría podido evitar la misma

 

En resumen, estamos ante un caso que viene a ilustrar nuevamente las ventajas y beneficios de un programa de compliance en aquellos casos en los que no deviene obligatorio. No sabemos cómo acabará este caso en particular, lo que es seguro es que una eventual condena al Club deportivo Eldense podría haberse evitado, o al menos atenuado sensiblemente, con un eficaz programa de cumplimiento normativo.

[1] En este sentido hay que señalar que club deportivo eldense tiene una situación muy particular en este momento ya que está dirigido por una Junta Gestora pero suscribió un convenio de colaboración con un grupo inversor italiano que fue responsable de haber fichado al entrenador y a otros jugadores. Valga de ejemplo los más de 50 jugadores que ha fichado el club en lo que va de temporada. El convenio con el grupo italiano ha sido rescindido después del partido contra el Barcelona B.

El TSJ Madrid confirma la procedencia de un despido con origen en el Canal de Denuncias

whistleblowing

TSJ Madrid Sala de lo Social, sec. 2ª, S 11-10-2016, nº 845/2016, rec. 389/2016

Los canales de denuncias a parte de ser un elemento preventivo para la prevención del fraude, lo son también para su detección, siendo ademas elementos probatorios válidos delante de los tribunales, tal y como lo dictamina el TSJ Madrid.

 

El trabajador prestaba servicios para la entidad bancaria como director de oficina desde el año 1993. Tras su despido presentó demanda ante el Juzgado de lo Social. La citada demanda fue desestimada, considerando el despido como procedente.

La empresa demandada había notificado al actor la carta de despido. En dicha carta se imputaba sustancialmente al actor que había incumplido la normativa interna de la Entidad al haber tramitado irregularmente operaciones de riesgo habiendo formalizado al menos 7 de ellas, presentadas por diversos intermediarios financieros al margen de los circuitos y procedimientos establecidos en la Entidad, siendo además tres de tales operaciones préstamos pre-concedidos por la Entidad habiendo generado con ello un perjuicio al cliente y a la imagen del Banco. Se señala por la empresa como fecha de inicio de las averiguaciones realizadas una denuncia a través del canal de denuncias de la oficina de fecha octubre del 2014, que motivó que tuviera que realizarse una auditoría interna.

El Código de conducta de la Entidad demandada se aportó, constando igualmente la existencia en la demandada de un canal confidencial de denuncias aprobado en agosto del 2013 sobre posibles irregularidades financieras y contables de potencial trascendencia, así como otras conductas que constituyan incumplimientos del código ético y de conducta que se adviertan en el seno de cualquier sociedad del grupo bancario.

A través del referido canal confidencial de denuncias, se recibe una denuncia reflejando un hecho que considera no respeta el código ético y que se ha producido en una determinada oficina, y además se especifican en la misma hechos concretos

Se señala en el texto de la sentencia que la conducta del actor supondría en todo caso una serie de incumplimientos contractuales de entidad suficiente como para justificar el despido disciplinario, tal como lo entendió la sentencia de instancia, que viene a poner de relieve que las operaciones irregulares que se concretan en la carta de despido se acreditan por el informe de auditoría, la denuncia formulada y las declaraciones testifícales practicadas.

El actor entre otras cuestiones sostiene en el primer motivo de su recurso que no se trata de una falta continuada ni tampoco de hechos ocultos para la entidad, por lo que deberían declararse prescritas todas las faltas imputadas, lo cierto es que no cabe apreciar la prescripción denunciada, ya que, según se pone de relieve en la sentencia de instancia se trataba de hechos ocultos para la entidad (haciéndose referencia en la carta de despido además a la fecha de inicio de las averiguaciones, lo cual supondría aludir a que eran hechos ocultos), de modo que sólo cuando se formula una denuncia a través del canal confidencial de la oficina, realizándose a continuación una investigación al respecto acuerdada por el comité de ética, puede la empresa adquirir un conocimiento cabal, pleno y exacto de los hechos.

El fallo del TSJ de Madrid desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, confirmando la procedencia del despido.

La sentencia del TS admite el uso de las cámaras de video-vigilancia como prueba para tratar de justificar el despido de un trabajador.

Sentencia del TS / Sala 4ª Pleno, S 31-1-2017, nº 77/2017, rec. 3331/2015

El texto de la sentencia reconoce que no hay vulneración de la protección de datos cuando los trabajadores son conocedores de la existencia de las cámaras y del lugar donde están colocadas. En este caso, señala el Tribunal, no es necesario un conocimiento explicito.

La empresa procedió al despido del trabajador, se alegaba en la carta de despido transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza mediante manipulación de tickets y hurtando diferentes cantidades en fechas concretas. El centro de trabajo contaba con un sistema de vídeo-vigilancia por razones de seguridad. El trabajador era conocedor de la existencia del sistema de vídeo vigilancia, sin que hubiera sido informado del destino que pueda darse a las imágenes o que pudieran ser utilizadas en su contra.

Tras ser despedido y presentar demanda el Juzgado declaró la improcedencia del despido.

La empresa recurrió en suplicación al TSJ y se desestimó el recurso.

Por último la empresa recurrió en casación, el TS señala que la exigencia de finalidad legítima en el tratamiento de datos prevista en el art. 4.1 LOPD viene dada, en el ámbito de la video-vigilancia laboral, por las facultades de control empresarial que reconoce el art. 20.3 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, siempre que esas facultades se ejerzan dentro de su ámbito legal y no lesionen los derechos fundamentales del trabajador”….

La aplicación de la anterior doctrina al presente caso obliga a estimar el recurso porque la instalación de cámaras de seguridad era una medida justificada por razones de seguridad (control de hechos ilícitos imputables a empleados, clientes y terceros, así como rápida detección de siniestros), idónea para el logro de ese fin (control de cobros y de la caja en el caso concreto) y necesaria y proporcionada al fin perseguido, razón por la que estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego, máxime cuando los trabajadores estaban informados, expresamente, de la instalación del sistema de vigilancia, de la ubicación de las cámaras por razones de seguridad, expresión amplia que incluye la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo pero que excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad, esto es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias del puesto de trabajo, las conversaciones con compañeros, etc. etc.. Y frente a los defectos informativos que alegan, pudieron reclamar a la empresa más información, o denunciarla ante la Agencia Española de Protección de Datos, para que la sancionara por las infracciones que hubiese podido cometer.

La sentencia del TS casa y anula la sentencia recurrida. Estimando el recurso de esa clase interpuesto por la recurrente y anulando la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social y las actuaciones practicadas y el acto del juicio a partir de la denegación de la prueba de video-vigilancia a fin de que se practique la prueba denegada y, posteriormente, se dicte nueva sentencia con libertad de criterio valorando el resultado de esa prueba.

Por último, indicar que se formula un voto particular por parte de uno de los magistrados.

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