En los últimos años del siglo pasado, en la sociedad española convivían tres tipos de fraude muy arraigados en ésta: contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra las Compañías de Seguros.
Desde principios de este siglo, la acción decidida de la Administración Pública en la lucha contra los dos primeros tipos, ha ido dando sus frutos a lo largo de estos años con una notable reducción de los mismos, aunque en la actualidad no lo parezca. Acciones tales como campañas de sensibilización hacia la sociedad, publicidad de los casos con sentencia judicial firme acreditando el fraude, colaboración entre distintos Organismos Públicos, etc., han permitido esta circunstancia.
En el caso opuesto se encuentra el fraude a las Compañías de Seguros. Durante los últimos diez años el fraude al sector asegurador se ha incrementado un 156,34% (en el año 2004 hubo 60.852 casos de posible fraude, en el año 2014 se descubrieron 155.994 casos de posible fraude).
Este dato, en función de quien lo mire, puede tener lecturas muy diversas:
Aumento del número de personas que intentan o consiguen estafar a las compañías de seguro, como consecuencia de la crisis económica y financiera que sufrimos en España; en el año 2009 se detectó un 32,40% más de casos de posible fraude que en el año 2008 (101.615 casos en el 2009 frente a 76.759 casos en el 2008).
Incremento notable en los últimos años de redes mafiosas en nuestro país, que han encontrado en la estafa al sector asegurador, una nueva vía de financiación para sus actividades ilícitas.
Una legislación penal y civil laxa frente a este tipo de delito: la estafa al seguro; que aunque tipificado en nuestros Códigos Penal y Civil, no intimida a los presuntos defraudadores.
Una mayor capacidad de detección de los intentos de fraude (del 2009 al 2014 se han incrementado un 53,50% los casos detectados), como consecuencia de la creación de departamentos antifraude en las compañías de seguros y del uso de diversas herramientas tecnológicas que permiten detectar casos «invisibles» para los Departamentos de Siniestros.
La realidad es que la conjunción de estos factores han permitido que el fraude al sector asegurador, lejos de estancarse o decrecer, haya ido en aumento. Y ello es consecuencia de la acción poco decidida de las compañías de seguros, al revés de lo que hizo el sector público, de poner en conocimiento de toda la sociedad las consecuencias que supone para la misma el no perseguirlo desde todos los ámbitos: privado, policial, judicial, etc.
Las compañías de seguros tienen que empezar a mentalizarse de que, con medidas reactivas o preventivas, poco o nada pueden hacer frente a esta lacra. Deben dar un paso al frente, de forma conjunta y pública, e iniciar acciones de comunicación y legales que den a conocer qué significa el fraude realizado por un mínimo porcentaje de asegurados para el resto de los asegurados.
Y hay que hacerlo de una forma decidida y sin miedo a una posible pérdida reputacional, las compañías deben saber que tienen de su lado a múltiples actores del sector: peritos, médicos, detectives y, sobre todo, los mediadores de seguros. Estos últimos, aunque no quieran reconocerlo muchas veces, también padecen los efectos de los intentos de fraude por parte de sus clientes: pérdida de la confianza hacia su persona por parte de las compañías, aumento del precio de los seguros de la inmensa mayoría de sus clientes honrados, anulaciones de cartera por parte de las compañías al detectar estas circunstancias, etc.
Si todos los que formamos parte del sector asegurador, actuáramos unidos contra el fraude al seguro (como indica el lema de ICEA), con total seguridad conseguiríamos reducir el volumen de fraude y, en vez de hacer lo que hacemos una vez al año en el concurso sectorial de ICEA, nos felicitaríamos por conseguir reducir cada año este delito al sector asegurador.
Porque una cosa debe quedar muy clara en las Direcciones de las Compañías de Seguros, no estamos hablando de «favores entre amigos», estamos hablando en muchas ocasiones de múltiples delitos perseguibles de oficio por las autoridades policiales y judiciales que, sin una actuación firme y continua, irán en aumento durante los próximos años en nuestro país. Si te sientes identificado con esta situación, no dudes en contratar a un detective privado que pueda ayudarte a poner fin al fraude de estas compañías.
(Fuente de datos: informe «El fraude al Seguro Español. Estadística año 2014» de ICEA)